Armando Ruiz
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha tomado un giro, con nuevas revelaciones que implican a altos funcionarios del gobierno colombiano. Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones, se encuentra en el centro de la controversia, tras ser señalada por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, de negociar sobornos en el Congreso.
Según las declaraciones de Pinilla, Ortiz habría servido como mensajera para la entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, presidente del Senado. Estas acusaciones señalan un presunto uso indebido de fondos estatales para influenciar decisiones legislativas en favor del Gobierno.
Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, confirmó haber hablado con Sandra Ortiz y haberle aconsejado que adelantara su renuncia, considerando la gravedad de las acusaciones. Ortiz expresó su disposición a tomar esta medida.
El escándalo ha puesto en entredicho la integridad de la UNGRD, acusada de operar como una «caja menor» para canalizar dinero hacia congresistas y promover reformas legislativas favorables al Gobierno Petro. Entre los mencionados en este turbio asunto se encuentran también el senador Iván Name, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el presidente de la cámara, Andrés Calle.
Las acusaciones de corrupción han generado un llamado generalizado para que los altos funcionarios involucrados den un paso al costado, en medio de una creciente indignación pública y demandas de transparencia en el manejo de los recursos estatales.