Menú Close

Proyecto de ley busca eliminar el 4×1000

El llamado 4×1000 se ha convertido en uno de los impuestos más controversiales, pues surgió como una idea temporal pero se ha convertido en permanente, por ello desde diversos partidos se vienen proponiendo otras medidas en materia impositiva. Sobre todo para reducir la carga al bolsillo de los ciudadanos.

La más reciente idea fue presentada por la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien confirmó que retomará su iniciativa para eliminar gradualmente el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4 x 1.000.

El Gravamen a los Movimientos financieros fue un impuesto creado en 1998 por el presidente de ese entonces Andrés Pastrana, el cual pretendía ser una ayuda para solventar la crisis económica de aquel momento. Este comenzó siendo del 2×1000, pero en el año 2000 se incrementó al 4×1000.

El impuesto del 4×1000 se aplica a los diferentes movimientos financieros que realizan los colombianos. Este consiste en descontar 4 pesos por cada 1000 pesos de la transacción, ya sea un retiro, un traslado, un pago y dependiendo si es de una cuenta bancaria corriente o de ahorros. Para buscar la eliminación de este impuesto, se radicó una iniciativa que reduce este gravamen progresivamente hasta 2025, luego de lo cual se desmontará.

De acuerdo con el texto, la tarifa del impuesto se reducirá de la siguiente manera:

  • Al tres por mil (3 x 1.000) en el año 2023.
  • Al dos por mil (2 x 1.000) en el año 2024.
  • Al uno por mil (1 x 1.000) en el año 2025.

Para compensar lo que se dejará de recibir, el proyecto propone la creación de un impuesto a los ingresos altos que, según el texto, son quienes devengan mensualmente desde 10 millones de pesos en adelante.

Este proyecto también propone una reducción del tamaño del Estado, para lo cual el Gobierno Nacional creará una Comisión de Expertos que tendrá como objeto el estudio de la reducción del tamaño del Estado, con el fin de maximizar y aumentar la eficiencia del uso de recursos públicos en materia de funcionamiento bajo criterio de minimización del gasto público.