Armando Ruiz
Lo anterior a raíz de la suspensión provisional del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, la cual constituye una medida cautelar sobre la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos no impuso ninguna restricción, pero se está utilizando como fundamento para no acatar la suspensión.
Al respecto, la jefe del Órgano de Control cuestionó sobre “cuál es el ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico colombiano y a la democracia que está dando un presidente de la república en nuestro país”.
Durante el Segundo Congreso Nacional de Compliance y Control del Fraude Organizacional, la funcionaria advirtió que, en Colombia Estado y derecho y democracia, todas las autoridades, incluyendo el presidente de la república, deben obedecer las decisiones de la Corte Constitucional, máximo órgano que determina la legalidad del estado de derecho en nuestro país.
“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República que, desconociendo el estado social de derecho, quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia determinó que, en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal sino múltiples autoridades porque este fenómeno sobrepasa los límites casi del mundo entero”.
Recordó además que la Corte Constitucional avala a la Asamblea Nacional Constituyente cuando determinó que la investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría con la ratificación del Consejo de Estado.
“No es posible que en este momento electoral que vive nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados, tranquilamente la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y su inhabilitación” manifestó la jefe del órgano de control.
La democracia se respeta gústenos o no nos guste y mientras el estado de Derecho exista la Procuraduría seguirá actuando, puntualizó Cabello Blanco.