Armando Ruiz
Yesenia Pérez Otero, directora territorial del Atlántico de la Unidad para las Víctimas, estuvo como invitada en CTV Barranquilla para hablar sobre el panorama de las personas víctimas del conflicto armado en el departamento y las labores de la institución para indemnizar a esta población.
Pérez indicó que, de acuerdo al Registro Único de Víctimas, la cifra correspondiente a víctimas en el Atlántico es de 181 mil personas. De esta cifra, 25 mil han sido indemnizadas. Pérez reconoce que uno de los principales retos de la Unidad para las Víctimas es avanzar en el tema de las indemnizaciones. De hecho, indicó que una de las metas planteadas dentro del plan de desarrollo nacional es indemnizar alrededor de 60 mil personas. “Hay que hacer mayores esfuerzos y focalizar mayores recursos”, afirmó.
“En las últimas semanas hemos tenido noticias de líderes sociales, docentes universitarios, servidores públicos y líderes de víctimas que han sufrido amenazas”, fueron algunas de las declaraciones de Yesenia Pérez, quien explicó que la Unidad para las Víctimas ofrece una ruta de atención para resolver este tipo de casos: las personas deberán explicar los hechos ante el Ministerio Público, el cual se encargará de valorar la declaración para poder ser incluidos en el Registro Único de Víctimas y activar la oferta institucional para atenderlos.
La directora territorial hizo claridad en que las personas víctimas del Atlántico no son solo aquellas que por la violencia tuvieron que desplazarse al departamento, sino que también hace referencia a quienes fueron víctimas en el mismo territorio. “Es necesario ir reconociendo que en el departamento del Atlántico también ocurrieron hechos victimizantes”, afirma.
De acuerdo a la especialista, en el Atlántico existen dos Sujetos de Reparación Colectiva: la Universidad del Atlántico y la comunidad de Pita, en el municipio de Repelón. Pérez mencionó que estrategias como las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y las políticas públicas enfocadas en atención y reparación a las comunidades víctimas, deben “disminuir el déficit de riesgo”, a partir de aspectos como la educación, la salud y la estabilidad socioeconómica. “Sumemos todos los esfuerzos institucionales para que esta población que ya sufrió los embates del conflicto armado no vuelva a ser revictimizada” señaló Pérez.
En cuanto a la política con las personas que decidieron dejar las armas, la directora territorial enfatizó en que “una persona no puede ser víctima cuando ha sido actor armado”, exceptuando a niños, niñas y adolescentes que fueron forzados a ser parte de estos grupos. Añadió que hoy el gobierno nacional de Colombia, junto a la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Justicia están trabajando en un proyecto de Ley para actualizar la Ley 1448 de 2011 (la cual dicta las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado).
Finalmente, Yesenia Pérez invitó a que las personas pertenecientes a la población víctima aprovechen la oferta institucional de un fondo de becas para educación superior, organizado por el Ministerio de Educación en conjunto con el ICETEX y la Unidad para las Víctimas.