Jhonatan Campo
Foto: archivo particular / Fuente: Semana
Aunque en el programa inicial de reforma agraria, el Gobierno contempla adquirir tierras mediante la venta voluntaria, un borrador de decreto del Ministerio de Agricultura sugiere que hay un plan B para declarar en algunos predios la utilidad pública y el interés social, y así recurrir a las expropiaciones.
Se conoció, asimismo, que el Gobierno está preparando el lanzamiento del ‘Programa especial de dotación de tierras a favor de población campesina para la producción de alimentos’.
En el mismo, el objetivo de una reforma rural será entregarles tierra fértil a campesinos y fomentar así la equidad y la producción de alimentos. Los beneficiarios serán las familias campesinas, pero también pueden hacer fila agromineros (que es como se refiere el Gobierno a personas que ejercen la minería informal y cultivan su propia comida), asociaciones y cooperativas agrarias e incluso juntas de acción comunal.
El documento indica que el Ministerio de Agricultura podrá determinar la existencia de zonas prioritarias para el programa teniendo en cuenta criterios como la existencia de ‘altos niveles de concentración de la propiedad rural’, ‘baja productividad’ o ‘alta conflictividad agraria’.
En esos lugares «la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podrá, sin perjuicio de la oferta voluntaria de la que trata el artículo 62 de la Ley 2294 de 2023, declarar de interés social y utilidad pública, conforme a las causales dispuestas en el numeral segundo y quinto del artículo primero de la Ley 160 de 1994, los predios que identifique como necesarios para adelantar el programa».
Declaratoria
Es una figura de ‘interés social y utilidad pública’ que se utiliza cuando el Estado, o una empresa privada, está construyendo un proyecto de utilidad pública como, por ejemplo, una carretera o una hidroeléctrica y necesita que le vendan un predio. Si esos proyectos son de utilidad pública ese predio puede ser expropiado.
En este caso, la declaratoria solo se podría hacer en esas zonas y con el objetivo de eliminar y prevenir la distribución inequitativa de la tierra y fomentar la adecuada explotación de las tierras «incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas».
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De todos modos, será la ANT la que conformará en cada zona priorizada del país los comités de reforma agraria y el de beneficiarios en donde acordará a quiénes y para qué se va a entregar la tierra.
La idea es que no solo se entregue una tierra, sino que, además, esa tierra se cultive y esa comunidad prospere, así que el decreto señala que las entidades del gobierno deben llegar a ofrecer «servicios sociales básicos e infraestructura física, crédito, diversificación de cultivos, adecuación de tierras, seguridad social, transferencia de tecnología, comercialización, gestión empresarial y capacitación laboral».
Participación
Otro borrador de decreto del Ministerio de Agricultura busca reglamentar y darle orden a la participación de todas las entidades del gobierno nacional en el propósito de sacar adelante esta reforma y llevar al campo todas las promesas de la reforma.
De acuerdo con el documento, la declaración únicamente podría llevarse a cabo en áreas prioritarias, con el propósito de eliminar y evitar la distribución desigual de la tierra o promover la explotación de terrenos que actualmente se encuentran desaprovechados o incluso sin cultivar.
“ANT podrá adquirir mediante negociación directa predios de propiedad privada, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en esta ley, con el fin de «beneficiar a los campesinos, personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno Nacional establezca programas especiales de dotación de tierras»”.
Ante las preocupaciones, Gerardo Vega, director de la ANT, expresó hace unos meses a través de un comunicado que: “Tenemos que ser tan eficientes en el campo como la eficiencia y las posibilidades normativas que tienen los alcaldes en las ciudades. Bogotá ha comprado 10.500 predios para las obras que necesitan, Medellín 5.000 y pico de predios ha comprado, pero cuando se trata del campo nos ponen con normas de hace un siglo. Eso es lo que no puede seguir siendo Colombia, son normas feudales”.
Fuente: El Nuevo Siglo