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Funcionarios de Soledad deberán responder por invasión de tierras

La Procuraduría General de la Nación, formuló cargos en contra del registrador de Instrumentos Públicos de Soledad, Atlántico, David de Castro Macías y el actual inspector de policía del municipio, Edward Enrique Galindo Argel, por irregularidades en el ejercicio de sus funciones las cuales favorecieron en la invasión y urbanización ilegal del predio «Los Ángeles».

El ente de control informa en un comunicado que la legítima propietaria María Cecilia Ospina de Camacho, solicitoó el inicio de una actuación administrativa en Instrumentos Públicos de Soledad para invalidar una falsa anotación que afirmaba que el predio había sido vendido a Álvaro Santander Baca Barceló en octubre del 2018.

Sin embargo, pese haber fallado a favor de la legítima propietaria, el registrador Castro Macías había revocado la decisión en septiembre del 2019 tras el recurso interpuesto por Baca Barceló, de reposición. «Un mes después, el exfuncionario habría rechazado de forma presuntamente irregular el recurso de reposición presentado por la verdadera dueña y adicionalmente, no se habría pronunciado sobre el recurso subsidiario de apelación presentado por la afectada impidiendo que instancias superiores hicieran la revisión de la decisión adoptada en primera instancia», señala el documento.

Además, la Procuraduría también investiga violación del estatuto registral y de las directrices de la Superintendencia de Notariado y Registro por parte de Castro, quien desconoció los derechos de la real propietaria. Posterior a ello, el falso propietario presentó querellas contra la propietaria real por perturbación a la posesión.

«En respuesta, el 23 de marzo de 2021 el inspector de Policía de Soledad, Atlántico, Galindo Argel, la declaró perturbadora, desalojó a su familia y le entregó el bien al señor Roger Luis Seña Rhenals, comisionado por Baca Barceló». La Procuraduría cuestionó estos hechos.

Por último, el ente de control afirma en el documento que con dicho amparo, los falsos poseedores protocolarizaron 43 escrituras de compraventa de posesión en favor de diversos ciudadanos entre los meses de mayo y septiembre del 2021, iniciando así una parcelación y venta irregular de lotes, al mismo tiempo, construcciones sin licencia en el mencionado predio.