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Defensoría del Pueblo en el Atlántico busca proteger a líderes sociales con alertas tempranas

Miguel Linero, Defensor Regional del Pueblo en el Atlántico.


En el Informativo Ctv Barranquilla entrevistó al Defensor Regional del Pueblo en el Atlántico,Miguel Linero, quien habló sobre las estrategias que se están implementando para proteger los derechos humanos de los líderes sociales del departamento.

El método para salvaguardar los derechos de los líderes es a través de las alertas tempranas, que consisten en un documento de advertencia, de carácter preventivo, emitido de manera autónoma y trata sobre los riesgos de violación de los derechos humanos de una población, y está dirigido al Gobierno nacional para la respuesta estatal.

Según un reporte, emitido por la misma Defensoría muestra que el mapa nacional de riesgos, analizados por el Sistema de Alertas Tempranas, advierte que los riesgos están identificados en 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas de 32 departamentos, es decir en las dos terceras partes del territorio nacional. El riesgo es extremo en 120 municipios; alto en 258; medio en 203 municipios, y bajo en otros 125.

El informe dice que los sectores comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, son los más golpeados por la violencia, con el 79 por ciento del total de homicidios.»Por medio de las alertas tempranas y el seguimiento, ayudamos a la defensa de los derechos de los líderes sociales en el Atlántico», expresó Linero.

Por otro lado indicó que se ha capacitado al sector empresarial  «en temas de los derechos humanos. Invitamos a las organizaciones para que se capaciten en este tema». El objetivo de la Entidad es reflexionar en torno a la responsabilidad de las empresas y el respeto de los derechos humanos en las actividades que estas desarrollan.

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Finalmente se refirió a la problemática del peaje Papiros y aseguró que «la Defensoría ha asumido la secretaria técnica de las mesas de concertación, donde se han generado compromisos como los del Ministerio de Transporte, en la que se pactó el no cobro de las categorías C1 y C2».