Armando Ruiz
La Corte Constitucional tomó la decisión, este lunes 2 de octubre, de declarar inexequible el Decreto 1085 de 2023, con el que el gobierno de Gustavo Petro pretendía declarar al departamento de La Guajira en Estado de Emergencia económica, social y ecológica, a raíz de la crisis humanitaria por la que atraviesan las comunidades en ese territorio por cuenta de la falta de acceso a servicios básicos vitales.
La Sala plena llegó a esta conclusión después de estudiar con detalle la ponencia que presentó la magistrada Natalia Ángel Cabo, a través de la que argumentó los motivos por los cuales había sido necesario unir, en un solo recurso, todos los elementos estructurales que comprendían la crisis.
Petro había decretado la emergencia en ese departamento caribeño alegando que «se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos» anunciaban «una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira, que agrava el fenómeno de El Niño y la crisis climática».
La Sala también exhortó al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que, “en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país”.
Así mismo, hizo un llamado para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden.