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Contraloría descubre irregularidades por $5 billones en contratos de la UNGRD desde 2020

a Contraloría General de la República ha revelado significativas irregularidades en la contratación y ejecución de recursos públicos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con un impacto financiero que asciende a los $5 billones desde 2020. Un aspecto destacado es el incremento desproporcionado del 700% en la contratación de suministros de carrotanques, alcanzando $37.5 mil millones este año. Este aumento se concentra en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá, beneficiando a solo tres empresas, lo que sugiere un manejo cuestionable de los recursos públicos y un posible favorecimiento indebido.

El programa «Hambre Cero», destinado a proveer alimentos a los damnificados por el Fenómeno de La Niña, también presenta serias irregularidades. Se han identificado 31 contratos problemáticos valorados en $131.812 millones, donde una sola empresa ha acumulado más de $21 mil millones. Entre las anomalías se encuentran dobles pagos y maquinaria no utilizada, lo que podría haber causado un significativo detrimento patrimonial. En el departamento de Santander, las irregularidades son igualmente alarmantes, con el 29.78% del total nacional de obras de mitigación de riesgos concentradas en esta región, sumando contratos por $4.9 billones desde 2020.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General ha subrayado la necesidad urgente de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander, valorados en $317.325 millones, para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga declaró que estos hechos tienen un impacto nacional, involucrando a congresistas y miembros del Gobierno, y aseguró que se han abierto investigaciones y se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. La Contraloría reafirmó su compromiso de investigar y actuar contra cualquier forma de corrupción, asegurando que los fondos destinados a programas de ayuda y mitigación de riesgos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.