Armando Ruiz
La Gobernación del Atlántico entró a terciar en el conflicto jurídico de Barranquilla con Puerto Colombia por el control administrativo del Corredor Universitario y los límites tanto del Distrito como del municipio.
El secretario Jurídico de la Gobernación, Rachid Nader, afirmó que después de la nulidad de la ordenanza se genera nuevamente una zona de indefinición que debe ser delimitada.
El Consejo de Estado publicó este miércoles el fallo que confirma los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, y que ha sido interpretado por el Distrito como que el Corredor Universitario pasa a su control.
«Le devuelven a la ciudad lo que ya tenía», dijo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre fallo del Consejo de Estado.
Sin embargo, el secretario jurídico de la Gobernación no opinó no lo mismo: «El Consejo de Estado no le entrega el Corredor a Barranquilla ni a Puerto Colombia», aseguró.
«Hay que recordar que el Departamento del Atlántico surge a partir de la escisión de dos territorios, la provincia de Barranquilla y la provincia de Sabanalarga, que eran parte del Estado de Bolívar que luego se convertiría en el Departamento de Bolívar. En esa escisión es que se trazan unos límites entre Barranquilla y Salgar”, explicó Rachid Nader.
«Se debe invitar a los representantes legales de ambas entidades territoriales a que se pongan de acuerdo en un trazado provisional que luego debe ser refrendado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República”, precisó.
El fallo del Consejo de Estado ratifica la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico del 14 de diciembre de 2016, que declaró nula la ordenanza 000075 del 7 de diciembre del 2009, expedida por la Asamblea del Atlántico, en la que se establecían los límites territoriales de Puerto Colombia y Barranquilla.
Cerca de 1.402 hectáreas del Corredor Universitario, en el cual se ubican varios colegios, universidades, almacenes de cadena, clubes sociales y villas campestres, le volverían a pertenecer a Barranquilla. Todos esos inmuebles, que pagan tributos e impuestos a Puerto, tendrían que hacerlo ahora en Barranquilla, lo que aumentaría los valores para ellos ostensiblemente.
Sería un golpe al bolsillo de miles de familias de las urbanizaciones construidas en ese corredor, pero también para la economía de Puerto Colombia, que depende de esos impuestos.