Armando Ruiz
Desde la madrugada del miércoles, la frontera de Estados Unidos con México ha quedado cerrada para casi todos los migrantes que buscan asilo en suelo estadounidense, en virtud de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden. Esta medida, que tiene como objetivo disuadir los cruces ilegales y reducir la presión en la campaña de Biden contra el expresidente Donald Trump, ha mostrado algunos efectos inmediatos. En ciudades fronterizas como Mexicali y Ciudad Juárez, los migrantes eran retornados, y la noticia de las nuevas políticas se estaba difundiendo rápidamente.
Sin embargo, la implementación de esta medida enfrenta serios desafíos debido a la extensión de la frontera de más de 3200 kilómetros y la falta de recursos necesarios para una vigilancia efectiva. Los republicanos en el Congreso han bloqueado miles de millones de dólares en financiamiento que habrían facilitado la ejecución de esta política, dejando a la administración Biden sin el apoyo económico crucial. John Sandweg, exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que los problemas fronterizos no se resolverán sin una acción legislativa integral.
La orden de Biden establece que las restricciones se mantendrán hasta que los cruces ilegales disminuyan a menos de 1500 por día durante siete días consecutivos, una meta ambiciosa considerando los recientes promedios diarios de 3000 cruces. Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, criticó el umbral como «increíble y poco realista» en el contexto de una migración histórica a nivel mundial. Si bien la orden podría enfrentar desafíos legales, su vigencia podría extenderse por varios meses, dejando la situación en la frontera como un tema crucial y complejo en el futuro previsible.