Gustavo Petro lanzó una advertencia potente: si el Congreso no debate ni aprueba el proyecto de ley que crea la jurisdicción agraria clave para la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz elevará la denuncia ante organismos internacionales.
Según el mandatario, la falta de avance legislativo no es solo una falla política interna, sino una negación de obligaciones adquiridas por el Estado frente al conflicto armado, la restitución de tierras y la justicia rural. En su cuenta de X, Petro expresó que la inacción dejaría al Congreso en posición de incumplir de forma directa los acuerdos negociados con las FARC.
El anuncio surge en un contexto de estancamiento parlamentario alrededor de la ley de jurisdicción agraria, que desde 2024 había logrado consensos en comisiones conjuntas pero no ha sido incluida en la agenda plenaria. Para Petro, esa demora vulnera el espíritu del pacto que buscaba transformar las zonas rurales, garantizar derechos agrarios y fortalecer el asociativismo campesino.
Con su decisión de llevar el caso a la ONU como jefe de Estado, el presidente pretende colocar la causa de la paz en una disputa diplomática y obligar al Estado colombiano a rendir cuentas públicamente ante la comunidad internacional. La movida política eleva la tensión entre poderes locales y la dimensión internacional de la paz en Colombia.