Además de la intervención anunciada por el Gobierno Nacional a la empresa Aire, que presta servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, expertos en el tema energético piden medidas urgentes para evitar un apagón en estos tres departamentos ante el déficit financiero de la compañía y su falta de flujo de caja para comprarle energía a las generadoras.
La decisión de intervenirla ha sido bien recibida, pero no despeja interrogantes como cuándo será, por cuánto tiempo y si se trata solamente de brindarles un colchón económico a los dueños de Air-e para evitar la quiebra.
Que el Gobierno asuma el control de Air-e por el déficit financiero de la compañía, que es de 1.8 billones de pesos y solo le permite operar con normalidad otros cinco días, es muy parecido a lo que ha venido sucediendo con las EPS intervenidas en el sector salud.
A partir de la intervención, que deberá ser reglamentada y autorizada por la Superservicios, el Gobierno tendrá el manejo de la distribución y comercialización de la energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. El resto de la Costa seguirá siendo operado por Afinia.
La llegada de esta empresa en 2020, presentada como la solución a los problemas de Electricaribe por el entonces presidente Iván Duque y la bancada de congresistas de la Costa, ha sido un fiasco.
Desde la falta de información acerca del negocio que posibilitó la compra de Electricaribe por parte del empresario de servicios públicos Albero Ríos Velilla, propietario de Aire, hasta las prebendas entregadas por el Gobierno y el Congreso, como asumir el pasivo pensional y permitir las llamadas pérdidas no técnicas, es decir, cobrarles la energía robada o no pagada a los que sí cancelan a tiempo la factura, todo ha sido perjudicial para los usuarios.
Con esta intervención, cinco millones de clientes en los tres departamentos esperan que no sea peor el remedio que la enfermedad.