Armando Ruiz
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, en una decisión histórica decretó medidas cautelares en la Acción Popular 08-001-23-33-000-2022-00397-00 presentada por los Personeros Distritales de Santa Marta y Barranquilla, EDWAR OROZCO y MIGUEL ALZATE contra la Nación – Presidencia de la República y otros, en defensa de los derechos de la Región Caribe en el servicio público domiciliario de energía eléctrica.
En la mencionada decisión el Tribunal ha ordenado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) convocar en los próximos diez (10) días una audiencia pública en Barranquilla para evaluar el impacto económico y social de las Resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021.
La audiencia deberá incluir a autoridades locales y nacionales, con el fin de revisar la fórmula tarifaria de energía eléctrica en la región y considerar su modificación.
Adicionalmente, ordena a la CREG que “se sirva fijar la sesión y/o audiencia pública para el quinto (5º) día siguiente a la fecha de convocatoria, a la cual, deberá convocarse a los alcaldes, gobernadores, parlamentarios de la Región Caribe, el Ministro de Minas y Energía, a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Presidencia de la República, a las empresas Air-e y Afinia, a los distribuidores de energía eléctrica, al gremio de comercializadores distribuidores sin generación despachada centralmente, un delegado de los accionantes, y/o cualquier otra persona de derecho público o privada con interés en el tema a debatir. Para tal efecto, deberá levantar un acta que recoja tales puntos”.
Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG tiene diez (10) días adicionales para expedir un nuevo acto administrativo que modifique las mencionadas resoluciones, buscando una reducción en las tarifas eléctricas en la Región Caribe.