Armando Ruiz
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red que habría constituido un entramado ilegal para adquirir, alterar y comercializar medicamentos de uso institucional o los catalogados como vitales, que no están disponibles en el país y son utilizados para tratar enfermedades de alto costo o las denominadas ‘raras’ o ‘huérfanas’.
En diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogotá y Barranquilla (Atlántico) fueron capturados 13 de los posibles integrantes de la organización e incautados algo más de 800 kilogramos de medicamentos. Los procedimientos fueron realizados por personal del CTI, con apoyo del Gaula Militar, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y peritos especializados.
La estructura, al parecer, obtenía medicamentos vencidos y descompuestos que ingresaban ilegalmente al país, los trasladaba en precarias condiciones y como encomiendas a Bogotá; y les modificaban las fechas de caducidad, lotes de fabricación y registros para darles la apariencia de un producto auténtico para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH, la artritis, entre otras. De esta manera, los comercializaba a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.
Igualmente, se estableció que la red habría sustraído de varios centros asistenciales medicamentos oncológicos de uso institucional y conseguido que fueran reemplazados por las medicinas alteradas.
En algunas oportunidades, los articuladores de la red contactaban pacientes y los inducían a presentar tutelas para que les fuera reconocida la importación de medicamentos. Posteriormente, cuando los peticionarios recibían el fallo a favor, mediante intermediarios, lograban que les entregaran los productos en mal estado que habían sido modificados.
Fiscales del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los 13 capturados ante jueces de control de garantías y les imputaron los delitos de: concierto para delinquir, usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales; corrupción de alimentos, medicamentos o material profiláctico; y enajenación ilegal de alimentos. Cuatro de los procesados aceptaron cargos.