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Senador Ciro Ramírez es investigado por la Corte Suprema de Justicia

 


La Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra del Senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por haber participado en la red de corrupción del también congresista liberal Mario Alberto Castaño, quien fue condenado a 15 años de prisión por haber incurrido en al menos cuatro delitos, al dirigir el entramado de corrupción con el que se desviaron recursos destinados a obras públicas en diferentes zonas del país.

Ramírez, quien habría sido cómplice en la concertación de contratos de la red ilegal Mario Castaño, tendrá que responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias y cohecho propio.

El Senador de la oposición intervino presuntamente en el direccionamiento de 13 contratos de obras viales en los departamentos de Quindío y Tolima. Ramírez es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en derecho Minero Petrolero de la Universidad Externado de Colombia, Derecho Contractual de la Universidad del Rosario y Derecho de Sociedades de la Pontificia Universidad Javeriana y fue Representante a la Cámara por Boyacá entre el 2014-2018.
En la sentencia contra Mario Castaño de primera instancia, la Sala también lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena, le impuso una multa de 11.968,54 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, más el pago de $1.060 millones de pesos, negándosele la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que la prueba recaudada en este proceso soportó la aceptación de cargos realizada por el senador Mario Castaño, y condujo a la certeza sobre su responsabilidad penal en las conductas punibles que se le endilgaron.

Respecto al delito de concierto para delinquir agravado, la Sala encontró acreditada su responsabilidad penal señalando en la sentencia que, valiéndose de su cargo como senador de la República, Castaño Pérez lideró entre los años 2020 a 2022 una organización delictiva a través de la cual, en asocio con otras personas, acordó cometer diversos delitos, varios de ellos contra la administración pública.

La Corte consideró que su posición política le permitió tener contacto con diversos actores del sector público (alcaldes y funcionarios) y, a través de un entramado burocrático, interferir en diferentes procedimientos administrativos y de contratación que le facilitaron a la organización alcanzar su cometido delictivo y obtener provecho ilícito en detrimento del patrimonio del Estado.

Y frente al delito de estafa agravada, la Sala evidenció que el senador Castaño determinó a los particulares  Nova Lorena Cañón Reyes y James Peña Garzón a realizar artificios y engaños que llevaron a funcionarios del Ministerio de Cultura a creer equivocadamente que los dineros del proyecto de la Escuela Taller Salamina serían destinados de manera íntegra a ese propósito, cuando en realidad parte de esos recursos fueron desviados al patrimonio de Castaño Pérez y al de quienes intervinieron en el hecho, obteniendo así un provecho ilícito.